Genocidio de Ruanda
El Genocidio de Ruanda es un genocidio perpetrado en Ruanda en 1994 por parte de facciones de hutus, sobre tutsis y hutus moderados.
Nos remontamos al siglo IV a. C. cuando los twas, pigmeos cazadores, penetran en las montañas boscosas de Ruanda y se instalan allí de manera permanente. Unos siglos más tarde, hacia el XI d.C, agricultores hutus comienzan a llegar a la región y a establecerse de forma sedentaria, conviviendo con los twas en paz. Cien años después, y ya en el siglo XII y XIII de manera más clara, granjeros tutsis llegan a Ruanda provenientes de los alrededores (principalmente de la actual Uganda). También estos últimos se instalan en la zona y en el siglo XIV pasan a formar parte de una comunidad formada por twas (cazadores), hutus (agricultores) y tutsis (ganaderos). La convivencia entre las dos últimas etnias fue simbiótica durante un tiempo hasta que a partir del siglo XVI, los principales jefes tutsis inician unas campañas militares contra los hutus, acabando con sus príncipes, a los cuales, de forma cruel y simbólica, cortaron los genitales y los colgaron en los tambores reales buscando humillar a sus contrincantes y recordarles que éstos, los hutus, eran súbditos de los tutsis.
A pesar del dominio de los tutsis, las diferencias socioeconómicas no estaban muy pronunciadas. Aunque el pertenecer a uno u otro estamento definía el status social, un hutu, por ejemplo, podía ascender de clase si poseía las suficientes propiedades; sin embargo, ya había comenzado una relación de vasallaje dominada por la casta menos significativa en la zona, los tutsis, con un 14% de la población.
En el siglo XIX, los reyes tutsis habían afianzado su dominio. La mejor organización del clan real Nyiginya dominaba todo el país, lo que provocó una casta militar y social compuesta por tutsis y que excluía a la mayoría de la etnia hutu. Fue en este siglo, a raíz de estas circunstancias, cuando se creó una estructura socioeconómica clasista que aumentaría durante ese siglo a causa de la colonización europea; alemana en primer lugar (1897-1916) y luego Belga, por mandato de la Sociedad de Naciones, debido a las sanciones impuestas a Prusia. La influencia occidental, a través de la introducción artificial por los belgas de un carné étnico (1934) que otorgaba a los tutsis mayor nivel social y mejores puestos en la administración colonial, acabó institucionalizando definitivamente las diferencias sociales. Mientras tanto, los pigmeos twas, gozaron de un relativo buen trato por parte de la casta tutsi que consideraba a los cazadores de las montañas por encima de los hutus en la pirámide social.
Con la colonización belga, el sistema socio-político se reforzó aún más en favor del estamento dominante: los tutsis. La necesidad de una expansión colonial consensuada dividió el continente africano en zonas dominadas por los países europeos que reforzaron a unos grupos u otros dependiendo de sus intereses. Cuando la administración belga consideró que las reivindicaciones tutsis eran desmesuradas, cambió de comportamiento y comenzó a apoyar a la mayoría hutu. Finalmente, la rivalidad entre los dos grupos se agudizó con la creación, por iniciativa belga, de varios partidos políticos sobre bases étnicas: la Unión Nacional Ruandesa (UNR), de tendencia antihutu, la Unión Democrática Ruandesa (RADER), el Partido del Movimiento de Emancipación hutu (Parmehutu) y la Avocación para la Promoción Social de las Masas (Aprosoma) de orientación antitutsi. Pese a todo, se debe resaltar un esfuerzo positivo de los europeos (en su mayoría, de los misioneros europeos[cita requerida]) por humanizar el sistema social con nuevas normas que limitaban el comportamiento injusto y la explotación de unos por parte de otros.
A mitad de siglo XX, en 1958, después de que un grupo hutu con estudios redactara un manifiesto reclamando un cambio social, desde la corte real se respondió con un documento que, entre otras cosas, decía lo siguiente:
Podría preguntarse cómo los hutus reclaman ahora sus derechos al reparto del patrimonio común. De hecho, la relación entre nosotros (tutsis) y ellos (hutus) ha estado siempre fundamentada sobre el vasallaje; no hay, pues, entre ellos y nosotros ningún fundamento de fraternidad. Si nuestros reyes conquistaron el país de los hutus matando a sus reyezuelos, y sometiendo así a los hutus a la servidumbre, ¿cómo pueden ahora pretender ser nuestros hermanos?Ante esta posición de los gobernantes tutsis, se posicionaron personas como el obispo Perraudin, que fue determinante en el proceso de emancipación hutu. En su carta pastoral del 11 de febrero de 1959, lo manifiesta claramente:
La ley de la justicia y de la caridad pide que las instituciones de un país aseguren realmente a todos sus habitantes los mismos derechos fundamentales y las mismas posibilidades de promoción humana y de participación en los asuntos públicos. Las instituciones que consagren un régimen de privilegios, favoritismo, proteccionismo, bien sea para los individuos o para los grupos sociales, no son conformes a la moral cristiana.Este es quizá el punto de escisión histórico más importante. A partir de aquí, los hutus comienzan, de forma meditada, a intentar socavar el poder de los tutsis para llegar a un mejor reparto de la riqueza. Un incidente el 1 de noviembre de 1959 entre jóvenes tutsis y uno de los líderes hutus se convirtió en la chispa de una revuelta popular, en la cual, los hutus quemaron propiedades tutsis y asesinaron a varios de sus propietarios. La administración belga, durante dos años de enfrentamientos de bajo nivel entre unos y otros, contabilizó un total de 74 muertos, de los cuales, no obstante, 61 eran hutus asesinados por nuevas milicias tutsis que pretendían acabar con el movimiento revolucionario, el cual respondió con más fuerza ante la represión y, durante los dos años siguientes, alrededor de 20.000 tutsis murieron asesinados. Ante esta espiral de violencia, el 31 de mayo de 1961 la ONU proclamó una amnistía tras comprobar que los enfrentamientos se agravaban y la mayoría hutu ya había provocado el exilio de unos 150.000 tutsis. Aquel mismo año, Ruanda, liderada por la población hutu se independiza de Bélgica. Este momento fue aprovechado por la ONU para exigir la organización de un referéndum bajo la vigilancia de observadores. El resultado fue de un 80% del NO a la continuidad de la monarquía tutsi, lo que obligó a los gobernantes a aceptar la República, provocando el exilio de miles de tutsis partidarios del sistema vigente monárquico y contrarios a conceder el poder a los hutus. Los exiliados de corta edad de aquel momento, con el paso de los años, se llegarían a convertir en los fundadores del Frente Patriótico Ruandés, que ocuparía un lugar importante en la guerra de Ruanda de 1990 hasta 1994.
Grégoire Kayibanda fue el primer presidente de una Ruanda liberada del dominio colonial. Los datos de crecimiento económico y estabilidad social eran esperanzadores. A pesar de las diferencias acumuladas durante siglos, tutsis y hutus lograban convivir sin llegar a enfrentamientos generalizados. La masa campesina accedía a la enseñanza y el país, sin demasiados recursos, progresaba. Aun así, los tutsis partidarios del régimen monárquico en el exilio se organizaron en los países limítrofes y lanzaron diversos ataques contra el gobierno ruandés, sin mucho éxito. El odio entre partidarios de la república, de mayoría hutu, y partidarios del régimen anterior a ésta, mayormente de la etnia tutsi, aumentaba y aunque todavía, al principio de la década de los 70, el enfrentamiento no era exarcerbado, ya se estaba fraguando una división social pronunciada que produciría conflictos mayores.
Desafortunamante en 1972 se produjeron unas terribles matanzas en el vecino Burundi: 350.000 hutus fueron asesinados por tutsis y esto provocó, definitivamente, un sentimiento anti-tutsi por parte de la mayoría de los hutus en el interior de Ruanda. La población comenzó a exigir a su presidente Grégoire Kayibanda mano dura contra la antaño clase dominante en el país y la respuesta insatisfactoria por parte del presidente y los casos de corrupción en el gobierno, provocaron el golpe de Estado del general Habyarimana (de origen hutu), en julio de 1973.
Pese a su irrupción antidemocrática en la escena política, el gobierno del general realizó una buena gestión del país hasta la segunda mitad de los 80, contando con el apoyo logístico y militar de Francia. También tomó la iniciativa de una reconciliación nacional. Estos datos son confirmados por el Banco Mundial, que presentaba a Ruanda como modelo de desarrollo en el África subsahariana durante la década de los 80, y por Amnistía Internacional, que en 1990, daba como satisfactorio el respeto de los derechos humanos. Aunque la tensión entre partidarios de un lado y otro se mantuvo durante los 17 años siguientes al golpe de Estado de Habyarimana, éste, había conseguido apaciguar a unos y a otros cediendo, sobre todo, que el control financiero del país se concentrara en manos tutsis, lo que demuestra que, a pesar de las acusaciones por parte de los exiliados tutsis de no ser permitidos de vuelta en el país por su etnia, éstos contaban, de nuevo, con una posición de poder. Además, durante algunos años, el FPR se había internado en Ruanda de forma clandestina y había reclutado a muchos jóvenes tutsis por todo el país para recibir una formación ideológica y militar y constituir brigadas secretas, diseminadas masivamente por las colinas. Este hecho es recordado por Tito Rutaremara, ideólogo del FPR:
Hacia el final del 87, se habían constituido 36 células del Frente en el interior del país.Factores económicos externos, como el descenso del precio del café, principal producto de exportación, y otros internos, sobre todo la corrupción en el Norte del país (lugar de procedencia de Habyarimana) comenzaron a provocar nuevas tensiones en la segunda mitad de la década de los 80. El cada vez peor estado de la situación económica y la acusación de los tutsis exiliados de no ser permitida su vuelta al país, fueron las razones principales que provocaron la Guerra de Ruanda.
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